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La ciudadanía activa de Juan Egaña

16 de June 2021

La noción de virtud cívica, representada por la Constitución de 1823 como amor, no tanto a la patria, sino a la comunidad política, un afecto entendido como la disposición para anteponer el bien común a nuestros legítimos intereses individuales, puede iluminar los dilemas actuales. Lea la edición completa de la Revista Universitaria n° 162.

Chile se declaró una república recién en 1823, a cinco años de haber proclamado su independencia de la monarquía española y a trece de la Primera Junta de Gobierno.

En el tiempo que transcurrió entre la Primera Junta –la primera ocasión en que los vecinos del reino ejercieron su autonomía política– y la declaración formal de Chile como república, los hombres de letras y políticos sostuvieron intensas discusiones sobre cuál sería la mejor forma de gobierno para este nuevo estado independiente.

Por algún tiempo se consideró la monarquía constitucional, pero esta fue ampliamente rechazada. Los años de lucha contra España habían sido publicitados en gran parte con un discurso de rechazo al gobierno monárquico en cualquiera de sus formas. En este contexto, el orden republicano parecía ser el que mejor respondía a los principios de soberanía popular, autogobierno y justicia política. Sin embargo, la experiencia histórica de las repúblicas romana e italiana mostraba que se trataba de un sistema político muy inestable.

La vida demostraba que la existencia de las repúblicas podía ser más o menos breve, pero que inevitablemente terminaban por sucumbir, ya fuera por la ambición de sus líderes –como Roma ante Julio César–; en manos del desenfreno e ignorancia de su base popular o desgarradas por la lucha entre las facciones políticas.

De modo que durante los primeros años de vida republicana hubo tres fantasmas que tanto los hombres de letras como los políticos intentaron conjurar: el de la tiranía, el de la democracia y el de la aparición de facciones o partidos políticos que dividieran la República.

Esto último nos recuerda que la república, el gobierno de los ciudadanos al amparo de la ley, puede tomar diversas formas institucionales. Del mismo modo, en los más de doscientos años de vida independiente, la república chilena ha adquirido diversas formas de gobierno.

Y si bien compartimos con esa primera república la aversión a la tiranía, sería difícil imaginar hoy una república sin democracia y sin partidos políticos.

En este sentido, uno de los principales desafíos que enfrentará la elaboración de la nueva constitución será precisamente cómo conducir la discusión política y las negociaciones que naturalmente trae aparejadas este proceso.

La democracia representativa, que inicialmente rechazaba la existencia de partidos políticos como la expresión de intereses particulares y agentes disrruptores, hoy requiere de ellos para organizar el debate y llegar a acuerdos vinculantes entre la sociedad, el gobierno y el parlamento.

En este contexto, el orden republicano parecía ser el que mejor respondía a los principios de soberanía popular, autogobierno y justicia política. Sin embargo, la experiencia histórica de las repúblicas romana e italiana mostraba que se trataba de un sistema político muy inestable.